Editorial La omisión deliberada de datos sobre la administración del Estado interfiere el conocimiento de situaciones de alta complejidad social y pone en duda la transparencia de los actos de gobierno. El derecho de acceso a la información pública es uno de los pilares básicos del sistema republicano, aunque la vieja práctica de los funcionarios de retacear datos y estadísticas de utilidad para los ciudadanos rompe con aquel principio fundamental. La omisión deliberada de información sobre la administración del Estado no sólo interfiere el necesario conocimiento y evaluación de situaciones de alta complejidad social (por caso, los índices de pobreza), sino que pone en duda la transparencia de los actos de un gobierno en los múltiples niveles de responsabilidad.
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