Negocios En un fallo de apenas dos carillas, la Corte Suprema de Justicia aceptó su competencia en una acción declarativa de inconstitucionalidad planteada por una empresa bonaerense contra Córdoba. El fondo de la cuestión es fiscal: la firma demandante se opone a pagar una deuda por Ingresos Brutos que la Dirección General de Rentas (DGR) le determinó de oficio y que, a valores originales, asciende a 1.146.044,13 pesos. Resolverá si es inconstitucional una alícuota diferencial de Ingresos Brutos. El planteo lo hizo una firma bonaerense. Rentas le reclama una deuda superior al millón de pesos.
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