La Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad a que, en un plazo de 180 días dicte las medidas necesarias a fin de exigir a los proveedores de servicios de búsqueda y enlaces o motores de búsqueda en Internet domiciliados en la Ciudad de Buenos Aires que incorporen de "manera obligatoria" un Protocolo Interno de Protección al Derecho a la Intimidad de los usuarios de Internet.
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